Santo Domingo. El desarrollador web dominicano York Louis Celestino Herrera, de 29 años, se encuentra en el centro de una investigación luego de ser incluido por el Gobierno de Estados Unidos en su lista de sanciones por un supuesto vínculo con una red de trabajadores tecnológicos de Corea del Norte.

Herrera fue incluido el 12 de marzo de 2026 en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense. Según el expediente oficial, Washington lo señala por haber prestado presunta asistencia al ciudadano norcoreano Yun Song Guk, identificado por las autoridades estadounidenses como operador de una red de trabajadores tecnológicos norcoreanos.

Sin embargo, Herrera niega conocer a Yun Song Guk y sostiene que pudo haber sido víctima de una suplantación de identidad. El dominicano afirma que anteriormente recibió una propuesta de una persona identificada como “TigerDeveloper” para utilizar su identidad y perfil profesional en internet, oferta que asegura haber rechazado.

Herrera también habría presentado una denuncia ante autoridades policiales en España y sostiene que entregó documentación para demostrar sus actividades laborales, viajes y movimientos durante el período investigado.

La designación estadounidense tuvo consecuencias financieras para el desarrollador. Según su testimonio, PayPal cerró su cuenta, mientras que entidades bancarias en República Dominicana y España bloquearon cuentas y servicios financieros, además de enfrentar dificultades para utilizar sus tarjetas y recibir su salario.

No obstante, hasta el momento Estados Unidos mantiene vigente la designación de Herrera y no existe confirmación pública de que Washington haya reconocido una equivocación o concluido que fue víctima de una suplantación.

El caso presenta, por tanto, dos versiones: la acusación oficial de OFAC, que vincula a Herrera con Yun Song Guk, y la defensa del dominicano, quien asegura que su identidad pudo haber sido utilizada sin su autorización. La eventual investigación de las autoridades españolas podría resultar clave para determinar qué ocurrió realmente.

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