Nacional. El número de asesores en las instituciones públicas y la carga presupuestaria que generan al Estado dominicano son exorbitantes.
Panorama revisó la lista de asesores de los ministerios de Agricultura y de Educación y el gasto de nómina para tales fines es preocupante.
Solo el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) tiene un gasto de nómina de RD$8,425,633.10 para el pago de 64 asesores, quienes reciben sueldos entre RD$200 mil (mayoría) y RD$44 mil (uno). Solo en el despacho del ministro de esta entidad pública, hay seis asesores.
Asimismo, el Ministerio de Agricultura cuenta con un gasto mensual de RD$5,260,500 para el pago de asesores, según la nómina de la institución correspondiente a abril 2024.
Agricultura tiene contratado 52 asesores con sueldos que oscilan entre RD$250 mil y RD$31,500.
Grupo de TeleNoticiero no está en contra de la contratación de asesores en instituciones públicas, sino a favor de que se regule la cantidad y el sueldo que reciben para que no se conviertan en una carga presupuestaria innecesaria para el Estado.
El Ministerio de Administración Pública (MAP) informó que emitió una resolución que limita la cantidad de asesores en las instituciones públicas.
A través de un comunicado, la entidad indicó que mediante la resolución número 184-2024, establece que, las instituciones del Poder Ejecutivo solo podrán nombrar dentro de su estructura organizativa, una cantidad máxima de asesores, equivalente al número de viceministerios, subdirecciones generales o nacionales, intendencias, subadministraciones o equivalentes que tenga la institución.
Sin embargo, la institución aclaró que quedan excluidos de su ámbito de aplicación, los asesores que sean designados por la Presidencia de la República, a través de los Ministerios de la Presidencia (Minpre) y Administrativo de la Presidencia (Mapre) y por la Vicepresidencia de la República.
De igual modo, los que sean nombrados por los Ministerios de Defensa (MIDE) y de Relaciones Exteriores (Mirex), dentro de la racionalidad, y dando cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente, en materia de función pública y presupuesto.
