Por Brendaly Morel
Puerto Rico, como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos, goza del derecho soberano y plenamente legítimo de establecer y aplicar sus leyes migratorias, controlar sus fronteras y actuar conforme a lo estipulado por la normativa federal. Nadie puede cuestionar la facultad que tiene para deportar a personas en situación irregular. Es un principio consagrado en el derecho internacional: todo país tiene derecho a decidir quién entra, quién permanece y bajo qué condiciones.
Sin embargo, el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado de una mirada realista, responsable y estratégica sobre las implicaciones sociales y económicas que tienen esas decisiones. Porque no toda la inmigración es igual, y la República Dominicana no representa, ni histórica ni económicamente, una inmigración cualquiera en Puerto Rico.
Podemos confirmarlo a través de los datos. Según el Censo de los Estados Unidos del 2010, más de 68,000 dominicanos residían legalmente en la isla. Para el 2019, esa cifra se había más que duplicado, superando los 175,000 de residentes, lo que representa alrededor del 59% de la población extranjera en Puerto Rico, según el Instituto de Estadísticas de la isla. Y eso, sin contar a quienes están en situación migratoria irregular, pero forman parte activa y cotidiana del motor económico.
La comunidad dominicana siempre ha sido esencial. No es un adorno en la vida económica puertorriqueña: es parte del engranaje que la sostiene. En sectores como la construcción, la agricultura, el comercio informal, los servicios personales, el turismo, el cuidado de adultos mayores y el trabajo doméstico; El peso de la mano de obra dominicana es incuestionable. Según datos del propio Departamento del Trabajo de Puerto Rico, más del 40% de la parte laboral extranjera en la construcción es de origen dominicano. No por casualidad. Porque son trabajadores constantes, técnicos capacitados, personas que aceptan y cumplen con tareas que muchas veces los propios puertorriqueños y otros inmigrantes extranjeros lo rechazan.
Los dominicanos son consumidores, arrendatarios, padres de familia, tienen negocios registrados, pagan impuestos, y son parte activa del desarrollo comunitario. No son una carga. Son una inversión que la isla ha recibido y de la que se ha beneficiado por generaciones.
Hay diversos estudios económicos que señalan que su impacto supera los 1,700 millones de dólares anuales en circulación económica directa e indirecta. Es decir: si la comunidad dominicana detuviera por un día su actividad laboral en Puerto Rico, la economía se paralizaría de forma inmediata. Una verdad que no debe ignorarse en medio de discursos de orden migratorio que, aunque es legal y este en su derecho, también deben ser estratégicamente inteligentes.
Puerto Rico tiene todo el derecho de hacer cumplir sus leyes. Pero también tiene la responsabilidad de mirar de frente su realidad económica. No se trata de un favor ni de una concesión humanitaria: se trata de reconocer que el éxito económico, la estabilidad de servicios esenciales y la recuperación de Puerto Rico tras sus múltiples crisis: como el huracán María, han contado con el esfuerzo y la entrega de miles de hombres y mujeres dominicanos que residen en la isla.
Puerto Rico necesita seguridad, pero también necesita manos que trabajen, ideas que emprendan, familias que consuman, y ciudadanos que construyan. Y en esa tarea, la migración dominicana no es una amenaza, sino una aliada indispensable para el presente y el futuro económico de la isla.