Santo Domingo.- La Superintendencia de Bancos (SB) emitió nuevos lineamientos dirigidos a las entidades de intermediación financiera para fortalecer las buenas prácticas en la gestión y recuperación de deudas y garantizar un trato digno, transparente y respetuoso a los usuarios del sistema financiero.
La disposición está contenida en la Carta Circular CCI-REG-2026000007, emitida el 29 de julio de 2026, mediante la cual el organismo supervisor establece criterios que deben observar las entidades durante los procesos de cobro.
Entre las medidas, la Superintendencia de Bancos establece que las entidades deben prevenir prácticas abusivas o que atenten contra la dignidad de las personas durante las gestiones de recuperación de créditos.
Estas disposiciones también alcanzan a las empresas y terceros contratados para realizar cobros en representación de las entidades financieras. En ese sentido, los bancos y demás entidades deberán establecer controles internos y cláusulas contractuales que garanticen que estos gestores cumplan con las normas.
Asimismo, los contactos realizados para gestionar el pago de una deuda deberán respetar los horarios y límites de frecuencia establecidos por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
La normativa también contempla la protección de los datos personales y la confidencialidad de la información de los usuarios. Las entidades deberán incluir disposiciones específicas sobre estos aspectos en los contratos suscritos con empresas encargadas de gestionar cobros.
Otro de los puntos establecidos es que, cuando una deuda sea cedida a un tercero, la entidad deberá notificar formalmente al usuario, indicando el monto de la obligación de manera desglosada, el nombre del nuevo acreedor y los medios disponibles para continuar realizando los pagos.
La Superintendencia también dispone que las entidades financieras cuenten con políticas claras para la recuperación de deudas y proporcionen capacitación permanente al personal responsable de estas gestiones, con el propósito de promover actuaciones basadas en principios éticos.
La medida busca fortalecer la protección de los usuarios y promover una relación más equilibrada entre las entidades financieras y sus clientes, especialmente durante los procesos de recuperación de obligaciones pendientes.
