Santo Domingo, RD.– Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados busca crear un régimen especial para las personas que durante años han utilizado documentos de identidad dominicanos, pero que actualmente enfrentan dificultades para renovar sus cédulas debido a irregularidades en sus registros civiles o inconsistencias en su documentación personal.
La iniciativa fue presentada el 1 de octubre de 2026 por la diputada Maribel Almánzar de Ogando, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y propone que la Junta Central Electoral (JCE) tenga la responsabilidad de investigar cada situación de manera individual, reconstruir la identidad de los afectados y determinar si cumplen con los requisitos legales para acreditar la nacionalidad dominicana.
El proyecto contempla diferentes situaciones, entre ellas duplicidad de registros, falsificación de datos, inconsistencias en actas de nacimiento y suplantación de identidad. También establece que una persona no quedaría automáticamente excluida del procedimiento por haber participado en alguna irregularidad documental. Sin embargo, esto no significa que quede libre de las responsabilidades legales que pudieran corresponder por esos hechos.
Uno de los puntos principales de la propuesta es la creación de una cédula especial para quienes, después de las investigaciones correspondientes, no puedan demostrar jurídicamente que poseen la nacionalidad dominicana. En esos casos, la JCE podría incorporarlos a un registro especial de identidad y nacimiento y expedirles un documento renovable, con una vigencia limitada y la inscripción visible «NO VOTA».
Esta identificación permitiría a sus titulares demostrar quiénes son y continuar realizando determinadas actividades civiles, familiares, laborales, económicas y administrativas que no requieran la nacionalidad dominicana. También facilitaría mantener documentos, afiliaciones y servicios que dependan de la identificación personal.
No obstante, el documento no otorgaría la nacionalidad dominicana, tampoco permitiría solicitar o renovar un pasaporte del país ni ejercer derechos reservados exclusivamente a los ciudadanos dominicanos. En aquellos casos donde no pueda determinarse jurídicamente la nacionalidad, la documentación incluiría la expresión «Nacionalidad no determinada».
La iniciativa también contempla la emisión de una certificación especial de nacimiento. Para ello, se tomarían en consideración los datos que aparecen en los documentos anteriores de cada persona, como la fecha y el lugar de nacimiento, siempre que puedan ser utilizados conforme a los criterios establecidos en el proyecto. Si no fuera posible comprobar alguno de esos datos, se dejaría constancia de que no ha podido determinarse.
Otro aspecto importante es la protección de las relaciones jurídicas que los afectados hayan establecido durante años utilizando sus documentos anteriores. Entre ellas se encuentran matrimonios, declaraciones de nacimiento de hijos, propiedades, contratos, obligaciones financieras, relaciones laborales, pensiones y afiliaciones a la seguridad social.
Con esta disposición se busca evitar que una irregularidad documental provoque automáticamente la desaparición de derechos y responsabilidades que ya forman parte de la vida de una persona y de su familia. Sin embargo, cada situación tendría que ser examinada respetando los derechos de terceros y las disposiciones legales correspondientes.
En cuanto al procedimiento, la Junta Central Electoral sería la institución encargada de recibir las solicitudes, realizar las investigaciones y emitir las decisiones. Los interesados podrían iniciar el proceso de manera presencial o electrónica, mediante formularios gratuitos y sin que sea obligatorio contratar un abogado para presentar la petición.
La propuesta establece un plazo de 30 días laborables para que la JCE emita una respuesta, con posibilidad de extenderlo hasta 45 días cuando existan circunstancias excepcionales que requieran investigaciones adicionales. Además, las decisiones tendrían que estar debidamente justificadas, explicando las pruebas y los motivos utilizados para aceptar o rechazar cada solicitud.
En caso de que una persona no esté conforme con la respuesta, tendría la posibilidad de solicitar una reconsideración ante el Pleno de la Junta Central Electoral dentro de los 30 días laborables siguientes. También podría acudir a los mecanismos de revisión judicial correspondientes, de acuerdo con la legislación vigente.
El proyecto incluye, además, la evaluación del arraigo de los solicitantes. Para determinarlo, se tomarían en cuenta sus vínculos familiares y sociales, trayectoria laboral, estudios, participación en actividades económicas, propiedades, afiliaciones a la seguridad social y otros elementos que permitan conocer su relación con el país. La propuesta plantea que este aspecto no debe medirse únicamente por la cantidad de años que una persona haya permanecido en territorio dominicano.
Asimismo, se establecen medidas especiales para investigar posibles casos de suplantación de identidad. La JCE tendría que realizar verificaciones registrales, documentales y biométricas para determinar quién es el titular legítimo de una identidad cuestionada. También se contempla la notificación a las personas involucradas y la oportunidad de presentar reclamaciones antes de adoptar una decisión definitiva.
La iniciativa toma como referencia la Ley 169-14 y la sentencia TC/0168/13 del Tribunal Constitucional, relacionadas con la nacionalidad y las irregularidades en el Registro Civil dominicano. Sus proponentes consideran que existen situaciones que requieren una respuesta institucional particular, especialmente cuando las personas han desarrollado su vida familiar, social y económica utilizando documentos emitidos o reconocidos por el propio Estado.
La propuesta también señala que los procedimientos y documentos públicos contemplados en el régimen serían gratuitos. En caso de que la iniciativa sea aprobada y promulgada, las instituciones estatales tendrían que actualizar sus registros de acuerdo con las informaciones suministradas por la Junta Central Electoral.
De igual manera, el organismo electoral dispondría de 60 días calendario, después de la entrada en vigencia de la eventual ley, para elaborar el reglamento que establecería los detalles de su aplicación.
La propuesta legislativa todavía debe pasar por el proceso de evaluación y aprobación del Congreso Nacional. Por tanto, sus disposiciones no constituyen por sí mismas un procedimiento legal vigente ni significan que las personas afectadas puedan recibir automáticamente una cédula especial.
Sofía Yaismel
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